Introducción

No hace mucho tuvimos ocasión de comprobar la airada reacción en X de una asociación ultra feminista, @LasCriadas (también conocidas como Las del disfraz), cuyo único leitmotiv parece ser el de atacar a las familias que se han formado o se plantean serlo mediante la gestación subrogada, ante las manifestaciones de un destacado tertuliano de esa red favorable a esta técnica, relativa al interés económico que mueve a este tipo de asociaciones a través de las cuantiosas subvenciones que reciben de la Administración pública.
El debate que generó aquel hilo fue por supuesto estéril, como suele serlo casi siempre cualquier debate en el que el fanatismo sustituya a la razón, pero tanto empeño en negar lo que afirmaba aquel tertuliano despertó nuestra curiosidad, más que nada por aquello tan popular que se suele decir de la persona que se pica cuando come ajos, así que nos hemos molestado en darle una vuelta al asunto.

Consideremos primero la entrañable y abnegada imagen en la épica del feminismo contrario a la gestación subrogada que se esfuerzan estos peculiares grupos en vender: mujeres comprometidas que dedican las pocas horas libres que les quedan del día tras terminar sus trabajos a combatir la denominada «explotación reproductiva» en un alarde de generosidad regalando a la causa el tiempo que no tienen sin exigir por ello un céntimo, pues el vil metal es cosa del neoliberalismo y además es un medio de control del patriarcado, dos términos que son de obligada mención en el manual de la buena feminista. Todo voluntario. Todo altruista. Todo sufragado entre compañeras. Una especie de legítima résistance contra el poderoso y malvado lobby de la gestación subrogada.

Pero ¿Es verdad? ¿No hay interés económico alguno en el activismo feminista contra la gestación subrogada?

Es lo que afirman en X, pero basta con salir de allí y entrar en un lugar mucho menos emocionante, pero bastante más revelador: el BOE.

No lo llaman «subvencionar al feminismo»… O sí

Ni siquiera es necesario interpretar malévolamente lo que hace la Administración. El propio Instituto de las Mujeres explicó el 14 de mayo de 2026 que su política se traduce en un respaldo a la «financiación y al fortalecimiento estructural del movimiento feminista».

No es una acusación de un peligroso reaccionario. Es la terminología elegida por el propio organismo público.

Para 2026 se convocó una línea dotada inicialmente con 1,85 millones de euros y ampliable hasta cinco millones, destinada expresamente a pagar el mantenimiento y funcionamiento de instalaciones, sedes y actividad ordinaria de asociaciones feministas. No hablamos, por tanto, únicamente de financiar un seminario sobre micromachismos en Cuenca un martes por la tarde. Hablamos de contribuir al sostenimiento de la estructura que permite a las asociaciones existir, trabajar, comunicar, organizar campañas y hacer incidencia política.

Por cierto, esos cinco millones son el límite de la convocatoria, no cinco millones ya concedidos. Conviene precisarlo porque, a diferencia de algunas campañas propagandísticas, aquí intentaremos que los números signifiquen exactamente lo que dicen.

El cuento de la autofinanciación se estropea con una calculadora

Tomemos algunas de las organizaciones que han intervenido pública y reiteradamente contra la gestación subrogada.

Una iniciativa parlamentaria publicada ya en 2016 relacionaba, entre las entidades adheridas a la campaña contra esta práctica, a Mujeres Juristas Themis, Fórum de Política Feminista, Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres para la Salud, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, entre otras. No estamos, pues, metiendo artificialmente en el mismo saco a organizaciones que casualmente pasaban por allí.

Ahora veamos algunos números. Y decimos algunos, porque estas cantidades no pretenden reconstruir hasta el último euro recibido por cada organización de cada ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, ministerio o instituto público. Son únicamente partidas que pueden documentarse directamente.

Entidad	Concesiones públicas documentadas seleccionadas	Mínimo resultante
Federación de Mujeres Progresistas	0,7 % IRPF 2018-2024 + convocatoria estatal de interés social 2025	9.488.945,14 €
Mujeres Juristas Themis	0,7 % IRPF 2018-2019 + convocatoria estatal 2025	1.162.461,60 €
Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas	0,7 % IRPF 2018-2020	2.173.975,11 €
FAMAL	Dos convocatorias estatales distintas en 2025	257.105,57 €
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres	Tres convocatorias estatales distintas en 2025	330.143,50 €
Mujeres para la Salud	Convocatoria estatal de interés social 2025	60.000 €

Nota metodológica: las cantidades reflejan concesiones públicas documentadas a las entidades citadas. No se afirma que dichas subvenciones hayan financiado específicamente campañas contra la gestación subrogada ni que exista irregularidad alguna en su concesión o utilización.

Total de estas partidas parciales: 13.472.630,92 euros.

Sí: trece millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos treinta euros, y todavía estamos comparando periodos diferentes, dejando ejercicios fuera y sin sumar numerosas subvenciones de funcionamiento ordinario, ayudas autonómicas o locales.

La estrella indiscutible es la Federación de Mujeres Progresistas. Una respuesta oficial del Gobierno al Senado detalla las cantidades concedidas con cargo al 0,7 % del IRPF: 1.316.681,38 € en 2018; 1.146.525,31 € en 2019; 851.271,30 € en 2020; 1.914.653,97 € en 2021; 1.969.435,12 € en 2022; 716.123,71 € en 2023 y 655.841,23 € en 2024. Total: 8.570.532,02 euros.

Y en la convocatoria estatal de actividades de interés social de 2025 encontramos otros 918.413,12 euros, repartidos entre nada menos que 27 programas. La resolución es pública y permite sumar uno por uno los importes.

Por supuesto, ninguna de esas cifras demuestra de forma directa que ese dinero se destinara a combatir la gestación subrogada, lo que demuestra es algo mucho más sencillo: que describir este ecosistema asociativo como un movimiento que vive exclusivamente del sacrificio económico personal de sus activistas resulta, digamos, creativamente incompleto.

Cuando la subvención viene con llaves

Además, el dinero no siempre tiene la descortesía de presentarse en forma de transferencia bancaria.

En enero de 2025 el Ministerio de Igualdad reguló la cesión gratuita de locales de titularidad del Instituto de las Mujeres en Madrid para que asociaciones feministas los utilizaran como oficinas. Gratuita significa exactamente eso: la concesión es «a título gratuito», sobre bienes de dominio público y con una duración de hasta cuatro años prorrogables por otros cuatro.

En julio llegaron las adjudicaciones.

Entre las beneficiarias aparecen el Lobby Europeo de Mujeres en España, el Fórum de Política Feminista, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y FAMAL, algunas compartiendo local con otras organizaciones.

La subvención pública, por tanto, no siempre llega con una cifra seguida del símbolo €. A veces llega con llave y despacho.

Y se da la curiosa circunstancia de que varias de estas asociaciones aparecen también en la propia web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género entre las «principales asociaciones con las que se colabora», entre ellas FMP, FAMAL, Themis y la Comisión de Malos Tratos.

Todo perfectamente legal. Todo perfectamente público. Y todo bastante difícil de conciliar con la estampa bucólica de cuatro señoras pagando de su bolsillo el tóner de la impresora.

Las Criadas no tienen que cobrar para que la red esté financiada

Y aquí llegamos al truco semántico más interesante.

Supongamos que Las Criadas no recibe un euro público. Aceptémoslo íntegramente.

¿Significa eso que sus campañas se desarrollan al margen de organizaciones financiadas públicamente?

En absoluto.

El Fórum de Política Feminista declara expresamente en su propia página que se adhiere al manifiesto de Las Criadas «No es ficción, está pasando», dedicado a combatir la gestación subrogada.

En septiembre de 2025 cientos de mujeres desfilaron por Madrid vestidas como las criadas de Margaret Atwood contra la gestación subrogada (una elección estética que, por sí sola, ya dice bastante sobre el marco narrativo con el que prefieren representar la gestación subrogada). La movilización fue convocada por más de treinta organizaciones, entre las que figuraban expresamente Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas.

Y el fenómeno viene de lejos. En 2017 se constituyó la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV) con cincuenta organizaciones; en 2018 se hablaba ya de más de trescientas entidades implicadas.

He aquí la diferencia entre financiar una campaña directamente y financiar el ecosistema que tiene capacidad para hacer campañas.

Que RECAV, Las Criadas, Stop Vientres de Alquiler o cualquier otra marca activista no aparezca como beneficiaria directa de una subvención no significa que las organizaciones que aportan estructura, personal, contactos, capacidad jurídica, sedes, comunicación y movilización tampoco reciban dinero público.

Confundir ambas cosas es muy útil retóricamente. Contablemente, algo menos.

¿Dónde está entonces la hipocresía?

No está en recibir una subvención.

Una asociación puede solicitar fondos públicos, obtenerlos legalmente, justificarlos hasta el último céntimo y desarrollar con ellos actividades perfectamente legítimas. Nada que objetar.

La hipocresía aparece cuando se utiliza la ausencia de una subvención directa a una marca activista para vender la ficción de que todo el movimiento es económicamente independiente de la Administración, mientras a su alrededor operan organizaciones sostenidas durante años con millones de euros, locales públicos gratuitos, financiación de su actividad ordinaria y una relación estable de colaboración institucional.

Puede ser perfectamente cierto que Las Criadas no reciba un solo euro a su nombre. Lo que resulta bastante más pintoresco es utilizar ese dato para presentar el activismo anti-GS como una heroica cruzada de particulares que se pagan las fotocopias entre ellas. Sus manifiestos son respaldados por entidades subvencionadas; sus manifestaciones se convocan junto a entidades subvencionadas; las plataformas en las que participan se nutren de entidades subvencionadas; algunas de esas entidades disponen incluso de oficinas públicas cedidas gratuitamente; y la propia Administración declara que su política consiste en financiar y «fortalecer estructuralmente» al movimiento feminista. El voluntariado puede ser completamente voluntario. El andamiaje que lo rodea, bastante menos.

Tampoco hace falta afirmar que determinadas usuarias de X «cobran por tuitear». No hay prueba de eso y, además, sería rebajar extraordinariamente el nivel del argumento.

Tenemos algo mucho mejor que una sospecha sobre cuánto tiempo pasa alguien delante del móvil o del ordenador.

Tenemos resoluciones administrativas.

Tenemos respuestas oficiales del Gobierno.

Tenemos subvenciones con nombre, NIF, año e importe.

Tenemos oficinas públicas cedidas gratuitamente.

Tenemos una negativa tan airada como elocuente desde ese mismo entorno activista, pese a unas cifras oficiales que resultan bastante menos discutibles.

Y tenemos al propio Instituto de las Mujeres explicando que su objetivo consiste en el «fortalecimiento estructural del movimiento feminista», otro eufemismo más de entre los muchos que gusta manejar el actual gobierno para decir, en otras palabras, que una parte relevante del tejido asociativo feminista se sostiene también con dinero público y no con poco precisamente, con semejantes cantidades se pagan equipos, infraestructura, nóminas, el enorme tiempo invertido en hacer activismo en las RRSS etc.

Frente a semejante documentación, discutir si una activista concreta paga de su bolsillo el billete de Metro empieza a adquirir un delicioso aire de comedia costumbrista.

De manera que sí: puede que Las Criadas se paguen sus propias cofias rojas, no tenemos motivos para afirmar lo contrario, lo que resulta bastante más complicado es sostener que también se pagan el escenario sobre el que montan sus exóticos números.

Y para descubrir quién ayuda a pagarlo no hace falta infiltrarse en ninguna reunión clandestina, seguir transferencias a Suiza ni contratar detectives.

Basta con abrir el BOE.

Miguel González Erichsen
Abogado

 

Fuentes

• Instituto de las Mujeres, convocatoria 2026 y declaración sobre «financiación» y «fortalecimiento estructural» del movimiento feminista. Instituto de las Mujeres — convocatoria 2026
• BOE, convocatoria 2026 para mantenimiento de instalaciones, sedes y actividad ordinaria. BOE-B-2026-15528
• Senado, respuesta oficial del Gobierno con las subvenciones a la Federación de Mujeres Progresistas, 2018-2024.
• Ministerio de Derechos Sociales, resolución de subvenciones de interés social 2025.
• Ministerio de Igualdad, resolución de sensibilización 2025: FMP, FAMAL y CIMTM.
• Ministerio de Igualdad, subvenciones contra la trata 2025: CIMTM, 203.537,37 €.
• BOE, condiciones para la cesión gratuita de locales del Instituto de las Mujeres. Orden IGD/1533/2024
• BOE, adjudicación de locales a asociaciones en julio de 2025. BOE-B-2025-26678